Profesor investigador
Universidad Autónoma Metropolitana Sede Iztapalapa
Reformas electorales en México. ¿Por qué no puede cerrarse el círculo?
Dentro de los países de la región latinoamericana, pocas naciones pueden acreditar una historia electoral tan rica (y a la vez tan paradójica) como la que se ha desarrollado para el caso de México en materia de sus reformas al marco legal que rige a dichos procesos. Desde el inicio de su transición político-institucional hacia un régimen de corte democrático hace casi cuatro décadas, mantiene y provoca hasta el presente álgidas discusiones internas entre los especialistas y actores políticos acerca de los factores que permitan tener instituciones, reglas y resultados confiables. Dicho proceso de reformas electorales ha generado dentro de la dinámica política un nivel de acaparamiento de la atención tan fuerte que ha inhibido a otros campos y dinámicas de la negociación institucional. Esto si bien fue ciertamente positivo en un primer momento, hoy en día puede señalarse que el asunto se ha tornado en su opuesto, lo cual es un lastre que impide seriamente hablar de que México pueda trascender al plano de las democracias plenamente consolidadas. Por el contrario, es de llamar la atención que el país experimenta una severa crisis de credibilidad en lo relativo a una eficaz conducción gubernamental en todos sus órdenes territoriales, producto de factores combinados tales como el incremento a la violación de los derechos humanos, libertades y garantías entre los sectores más vulnerables y marginados de la población, así como por la infiltración del crimen organizado en los asuntos políticos, lo que ha generado incluso una contaminación de los procesos electorales, dado que se presentan fenómenos como el patronazgo, el patrimonialismo, el clientelismo y la coacción del voto como prácticas crecientes y que han obligado a los propios partidos a la aprobación de reglas y penalidades mayores para quienes infrinjan la ley a efecto de intentar frenar dichas tendencias.
Sin embargo, el tema electoral ancla e impide desplegar de manera eficaz otras áreas de la arena política con las cuales el régimen mexicano debería y podría tener mejores resultados, de no persistir la lógica quid pro quo con la que los partidos políticos se han aferrado para intercambiar aprobaciones a reformas legales que no deberían ser condicionadas debido a su propia importancia y beneficio general. Esta situación ha llegado al punto de infiltrar a todo el sistema político, generando consecuentemente una abierta “captura” de las instancias electorales como parte de las supuestas garantías con las cuales los propios partidos asumen participar en las contiendas que se celebran conforme a los diversos niveles territoriales que componen al país (federal, estatal y municipal), en tanto las propias instituciones electorales, pese a ser caracterizadas por la ley como instancias autónomas del gobierno, se han convertido en los hechos en un mecanismo de reparto y asignación de espacios que protegen sus intereses con la presencia de funcionarios dóciles, familiares u amigos dispuestos a simular la aplicación de las reglas formales[1].
La nueva oleada de cambios a la legislación electoral (desatada por las impugnaciones judiciales a los resultados obtenidos en los procesos de cambio presidencial de 2006 y 2012) generaron sendas reestructuraciones de gran calado respectivamente en los años 2007-2008, así como los de 2012-2014, cuyos temas centrales de atención han sido cinco: a) regular el origen y tipos de los financiamientos de campaña y el desvío de los recursos de los programas públicos; b) el control del modelo de comunicación política a efecto de impedir una participación indebida de las casas encuestadoras y los concesionarios de frecuencias radiales y televisivas; c) blindar la integridad e imparcialidad de las autoridades electorales, así como homologar los mecanismos existentes para su designación y funciones; d) mejorar el proceso de fiscalización y rendición de cuentas en “tiempo real”; y e) atender las presiones provenientes «desde afuera» y «desde abajo» por parte de los electores y grupos organizados de la ciudadanía, quienes han logrado cambios que implican implementar figuras importantes como las candidaturas independientes, así como las iniciativas legislativas y consultas populares.
Sin embargo, la vigencia de un sistema de partidos monopólico en México sigue sin dar su brazo a torcer de manera muy fácil. Pese a los cambios antes mencionados, el modelo revela inconsistencias e inercias que llaman la atención. Por una parte, se ha avanzado en ciertos niveles de apertura como los ya mencionados en el párrafo anterior; pero por otro, puede indicarse que se han dado acciones de neoproteccionismo, manifiestas a partir de promover tanto la reelección consecutiva de los legisladores como de los presidentes municipales, lo cual incrementa la discrecionalidad en el ejercicio de las nominaciones que se asocian con la estrategia de control de los propios partidos, mismo que por otra parte, poco han hecho para dejar de recibir recursos, tanto por el gobierno federal como de parte de sus homólogos de las entidades estatales.
Una lucha similar y no menos significativa podemos encontrarla en los procesos que han defendido la incorporación política de las mujeres dentro de los espacios de representación (tanto para los cargos de gobierno como dentro de las cámaras legislativas[2]). Sin embargo, las condiciones de impacto que podrían esperarse con la puesta en marcha de las medidas de paridad vertical y horizontal dentro de los partidos políticos para la nominación de candidatas mujeres poseen inconvenientes serios tales como las de seguir siendo asignadas a distritos o municipios potencialmente perdedores, no tener restricciones importantes con respecto a impedir la asignación de dichas candidaturas a familiares, esposas o personas cercanas a los líderes partidarios sin una debida acreditación de militancia o capacidades mínimas para el desempeño de dicha encomienda, como igual debería ocurrir con sus pares varones. En suma, el tema de la paridad muestra que la verdadera equidad política entre mujeres y hombres todavía demandará mucho tiempo y esfuerzos complementarios para que ello realmente tenga una evidencia plena dentro de la sociedad mexicana,
El sistema electoral mexicano es vulnerable porque sus mecanismos de recolección de votos son primitivos. Las actas de registro aún se llenan a mano y eso hace que se cometan errores de origen en la captura y en la debida contabilidad de los votos, lo cual también facilita la alteración de las mismas. Las boletas electorales, pese a estar protegidas formalmente con códigos de seguridad, ello sirve de poco debido a que el elector utiliza crayones para marcar su preferencia, lo cual implica muchas veces que las marcas se traspasen a otro de los espacios de la propia boleta una vez que se dobla la misma, siendo entonces motivo más que suficiente para solicitar y anular el voto, si es que tampoco se hizo adecuadamente para el caso de coaliciones o candidaturas comunes. Al mismo tiempo, es un modelo donde la falta de homogeneidad en los criterios que implican acreditar la residencia de un candidato, propicia que los políticos puedan tener más de un domicilio (al margen del que tengan indicado en su credencial de elector oficial) y así estar en condiciones de poder presentarse en el lugar donde crea pueda tener más posibilidades de ser candidato. Las “malas prácticas” (si seguimos la pauta de autores como Pippa Norris o Sara Birch) siguen siendo entonces un factor de claro impedimento para hablar de que el modelo electoral mexicano responda a criterios plenos de integridad, ya que son los propios partidos políticos quienes se ven presionados a vulnerar el orden que inicialmente pactan y aducen cumplir.
Adicionalmente, el sistema electoral mexicano adolece de una desactualización en torno al tipo de representación con que deberían configurarse sus cámaras legislativas federales. Desde la reforma electoral de 1986, el país no ha modificado la composición de su Cámara Baja (300 distritos de mayoría relativa y 200 electos mediante asignación proporcional). Si bien se han producido redistritaciones asociadas con los censos poblacionales elaborados cada 10 años, dichos ajustes no siempre han sido oportunos ni tampoco han podido corregir puntualmente la sobrerrepresentación que algunas entidades poseen sobre otras, ni tampoco las desigualdades que se presentan en los estratos locales, cuando a su vez se trazan distritos y municipalidades. En el ámbito de la política multinivel, México requiere una muy seria revisión de su geografía electoral, tarea sin duda importante a efecto de fortalecer la participación ciudadana. Otro tanto se habla en torno a la distorsión existente dentro del Senado mexicano, a partir de que en los años noventa se incrementó el número de sus integrantes a 128, al incluirse un listado de representación proporcional de 32 espacios, que se escogen bajo un esquema de reparto pura (% votos = % escaños del total). El esquema en los hechos incrementa la presencia de unos estados respecto a otros, lo cual rompe con el espíritu paritario territorial con que fuera concebido desde su formación original hace 2 siglos.
Los llamados a la reducción del gasto electoral implican una de las cuestiones que tampoco han sido atendidas fehacientemente por los propios partidos políticos, pese a que una y otra vez repiten adherirse a un esquema de austeridad. El uso indiscriminado de los anuncios propagandísticos y con contenidos de contraste negativo ha deteriorado seriamente la percepción ciudadana respecto a que los partidos y candidatos puedan proponer algo sustantivo. Y en cambio, éstos y los militantes de a pie se declaran abiertamente conminados a intercambiar sus votos por algún tipo de dádiva o servicio en el marco de las campañas o de la gestión publico-legislativa. Esto sin duda, muestra que la enorme y vasta inversión colocada en materia de educación cívica ha impactado en muy escaso nivel sobre todo en las generaciones jóvenes.
Sin embargo, no todo debe ser visto desde la esfera negativa. México en 1976 tenía apenas cuatro partidos formalmente reconocidos, pero sin competencia ni alternancia. Casi cuarenta años después estamos celebrando comicios con 10 agrupaciones con registro nacional y con la presencia de candidatos independientes. Los medios de comunicación poseen un grado mayor de cobertura (si bien todavía no óptimo) para que las ofertas de campaña se puedan difundir, si bien la exigencia es que tengan más contenido y sustancia. Hace cuarenta años, el partido hegemónico obtenía por sí mismo entre el 80 y el 90 por ciento de los sufragios. En cambio, desde 1997, ningún partido posee posibilidad de acaparar por si mismo más del 60 por ciento de los escaños en la Cámara Baja ni tampoco puede haber un nivel mayor al 8% entre los votos recibidos y los escaños asignados en ambas cámaras del Congreso. Estas son cuestiones no menores a la luz de lo que la propia transición democrática ha permitido generar en lo relativo a un mayor equilibrio en la participación y representación entre las fuerzas políticas del país. De hecho, ningún partido en lo individual ha podido conformar una mayoría absoluta en alguna de las dos cámaras a partir de ese mismo año de 1997.
Lo anterior hace que México deba ser considerado como un modelo presidencial en donde el incremento de atribuciones logradas por el Congreso ha limitado a la acción monopartidista y personal con la que se asumían las decisiones del sistema político, obligando así a la formación de coaliciones. La existencia de mayores atribuciones otorgadas a los organismos autónomos orientados a la rendición de cuentas y la transparencia son un reto muy importante que junto con las autoridades administrativa, jurisdiccional y penal como los son respectivamente, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, los cuales deben ser un poderoso aliciente para que el éxito de la nueva reforma electoral pueda hacerse patente en los comicios federales de 2015 y de cara a los de 2018, en donde se renovará la presidencia del país.
El papel de la sociedad civil organizada debe ser también un factor que debería ser tomado más en cuenta para acelerar el éxito de la reforma electoral. Acciones y tareas como la observación electoral, generar monitoreos ciudadanos que permitan comparar e incluso contrastar in situ plataformas y ofertas de manera presencial o virtual con los candidatos, o que éstos se obliguen a presentar sus declaraciones patrimoniales, nos permitirían tener una mayor capacidad de fiscalización de los recursos que los partidos reciben y gastan durante las campañas. Ello implica un avance nada menor para que una reforma electoral pueda impactar y revertir el sentido negativo que posee actualmente dentro de la población.
En suma, México tiene ante sí (y en todos sus niveles de acción) un reto de dimensiones mayúsculas en torno a cuál es el tipo de sistema electoral que quiere ver imperar en el futuro inmediato. O tener uno que termine por desfondarse en medio de las acciones de anulación de votos, abstencionismo, violencia y recriminaciones mutuas entre los partidos al punto de pedir la cancelación de registros ante la violación reiterada de las reglas que hacen algunos de los contrincantes. O tener otro donde haya una clara “devolución” de sus derechos a los militantes para que puedan reconstruir su democracia interna y por consiguiente, ello pueda repercutir en un empoderamiento y la atracción consecuente para que las nuevas generaciones puedan acercarse a los mismos por interés y convicción, y no sólo pensando –como por desgracia ocurre actualmente- que participar en política se debe traducir en la posibilidad de obtener un empleo, o bien tener acceso a la corrupción o la impunidad. Y en este reto, me parece que el resto de los países de América Latina bien deberían verse en este espejo de desafíos comunes como lo es el caso mexicano.
Notas
[1] Sin duda es preocupante observar que en los años recientes, México haya descendido en forma significativa dentro de los diversos rankings regionales como el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, o el Índice de Desarrollo Democrático de Politat / KAS, sin olvidar las opiniones o resultados de encuestadoras regionales como el Latinobarómetro e incluso esfuerzos locales significativos como lo han sido las Encuestas Nacionales de Cultura Política, patrocinadas por la Secretaría de Gobernación en las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón; y más recientemente el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, patrocinado por el entonces Instituto Federal Electoral mexicano. En todas ellas persiste una gran coincidencia del deterioro, desconfianza y bajas expectativas que hoy en día se tienen respecto al desempeño de las instituciones políticas y de la democracia en general.
[2] En menor grado, algunos partidos políticos han sido receptivos en materia de avanzar en sus procesos de selección de candidatos para incluir a sectores como jóvenes e indígenas.
