Chile: nueva cancha y nuevas reglas para un mismo partido
Claudio Fuentes S.
Escuela de Ciencia Política
Universidad Diego Portales
Durante el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se produjo una verdadera transformación de las reglas del juego de la política. En este artículo analizaremos no tanto las motivaciones para transformar aquellas reglas, sino más bien los efectos inmediatos que provocará. Sostenemos que el cambio en la cancha y en las reglas del juego mezcla o combina fuerzas de competencia y cooperación. Aunque el partido sigue siendo el mismo (acceder al poder), las transformaciones recientes aumentan la incertidumbre respecto de quién en el futuro ganará el partido.
Cuando nos referimos a una nueva cancha política hablamos de dos cambios significativos que afectarán el juego político por las próximas décadas. El primer cambio se refirió a la modificación del sistema electoral para elegir diputados y senadores. De 120 se pasó a 155 diputados elegidos en 28 distritos electorales que eligen entre 3 y 8 diputados dependiendo de la densidad poblacional de dichos distritos. Respecto de los senadores, se eligen entre 2. 3 y 5 senadores en 15 circunscripciones que totalizan 50 senadores. Si hasta el año 2013 predominaba un sistema binominal de selección de congresistas que incentivaba la coordinación de los partidos en dos grandes coaliciones que acaparaban la mayoría de los asientos parlamentarios, a partir de 2017 se enfrentó un juego totalmente diferente: se amplió la posibilidad para los partidos pequeños de entrar al Congreso Nacional, se amplió la competencia entre partidos y, por lo mismo, se fragmentó más el sistema político.
La segunda transformación en la cancha política dice relación con la aprobación de una ley que democratizó la elección de gobernadores regionales. Si hasta la fecha las principales autoridades regionales eran designadas por el presidente de la República, a partir del año 2020 serán electos en una competencia democrática directa, donde quien obtenga más del 40% será electo gobernador. Lo anterior transformará los incentivos de cooperación de los partidos dado que, para obtener la gobernación de cada una de las 16 regiones, las tiendas políticas deberán establecer acuerdos políticos que, posteriormente, les ayudarán a incidir en las elecciones de alcaldes, concejales, diputados, senadores, y hasta la misma presidencial. Se tratará de puestos apetecidos para eventuales carreras presidenciales dado que un gobernador regional en la región Metropolitana, por ejemplo, concentrará más votos que cualquier Senador o Diputado.
La nueva cancha política, entonces, combina tendencias centrífugas (que promueven la competencia y la fragmentación a nivel del legislativo) y centrípetas (que estimulan la cooperación a nivel de gobernadores).
Pero a lo anterior se suma una transformación muy relevante de las reglas del juego del financiamiento de la política. Señalemos algunas de ellas: se eliminó la posibilidad que las empresas realicen donaciones a campañas y partidos políticos; se establecieron límites más estrictos a las donaciones individuales a campañas; se limitaron las condiciones para la publicidad en tiempos de campaña; se establecieron sanciones severas para el incumplimiento de las normas del financiamiento de la política; se incrementaron las atribuciones del Servicio Electoral para controlar las campañas; se redujo el monto total permitido de donaciones a campañas; se establecieron topes para las autodonaciones; y se establecieron mecanismos de transparencia de modo que hoy sabemos quiénes y a qué candidaturas se están haciendo las donaciones, antes de emitir el voto.
Asimismo, las nuevas normas establecieron mecanismos de financiamiento permanente para los partidos políticos, mecanismos de control del gasto de los partidos, incentivos a la participación de mujeres en política. De un sistema con muy bajos niveles de transparencia, con nula atención a políticas de acción afirmativa y bajísimos niveles de control y fiscalización, pasamos a un sistema con más altos niveles de transparencia, mayor atención a la acción afirmativa, y más altos estándares de fiscalización.
Algunos de los efectos inmediatos los pudimos ver en las elecciones presidenciales y de congresistas del año 2017. Primero, se redujo significativamente la cantidad de recursos utilizados para financiar las campañas políticas. Segundo, se incrementaron los niveles de transparencia respecto de quiénes financiaron privadamente las campañas electorales. Tercero, se incrementó el peso del financiamiento estatal en las campañas electorales. Cuarto, se incrementó la cantidad de partidos en el Congreso Nacional, estimulándose una mayor fragmentación pasando de 10 a 14 partidos en la Cámara baja. Quinto, aumentó ostensiblemente la cantidad de mujeres que obtuvieron asientos en el Congreso—particularmente en la Cámara de Diputados que pasó de un 15,8% a un 23% de representantes mujeres.
El nuevo escenario abre una serie de interrogantes respecto de la representación y la gobernabilidad del sistema. Respecto de la representación, una de las primeras cuestiones a evaluar es en qué medida un grupo de reglas que restringen los recursos para hacer campañas impacta en la posibilidad que nuevas fuerzas lleguen al poder. En teoría debiésemos esperar que mientras mayores son las restricciones para hacer campaña y obtener recursos de campaña electoral, más favorecidos se verán aquellos grupos que están en el poder—los incumbentes. Los límites a la publicidad y a las campañas son siempre vistos como favorables a los incumbentes. Sin embargo, en el caso de Chile aquella tendencia no necesariamente se dio como la teoría especulaba. De hecho, la tasa de reelección de incumbentes en la Cámara baja fue levemente inferior a años anteriores.
No sabemos muy bien qué explicó aquella tendencia. Quizás los y las electoras castigaron a las candidaturas tradicionales y favorecieron una renovación parcial de los partidos que postulaban al Congreso. Quizás también incidieron las nuevas estrategias de realización de campañas, muchísimo más focalizada en nichos electorales. Quizás también tuvo un impacto las decisiones de algunos partidos de competir en listas separadas, lo que perjudicó sus aspiraciones vis-avis aquellas fuerzas que optaron por cooperar y que sí lograron escaños. Con todo, los límites impuestos por el sistema político al gasto electoral y a la publicidad en campañas no invisibilizó completamente a los partidos nuevos que lograron llegar al poder.
La segunda interrogante futura se refiere a la gobernabilidad. El nuevo presidente, Sebastián Pîñera obtuvo un triunfo holgado de 54% pero su coalición de partidos no es mayoría ni en la Cámara Baja ni en la Alta. Pero al mismo tiempo no se puede hablar de una oposición única y coordinada. Pese a que la centro-izquierda tiene la mayoría en ambas cámaras (53% de los diputados y 53,5% del Senado), dicha oposición se encuentra dividida en partidos y bloques que no están articulándose como una coalición. Un sistema político más fragmentado y con menores incentivos de coordinación entre coaliciones sin duda provoca problemas de gobernabilidad. El propio presidente actual hoy enfrenta una coalición de derecha que presenta mayores tensiones internas. El partido sigue siendo el mismo (llegar al poder), pero las reglas del juego y la cancha política ha cambiado significativamente. Se enfrenta un juego con más jugadores y donde varios de ellos privilegian las individualidades por sobre el juego colectivo. Y si algo aprendimos de las últimas clasificatorias es que un equipo plagado de buenos jugadores no te garantiza llegar al Mundial.
