El origen de los recursos de los partidos políticos suele ser objeto de controversia y puede ser una de las principales razones por las que los partidos se encuentren con una credibilidad que oscila entre el 19 y 22 por ciento (Griner y Arias 2007: 3). Asimismo, es igualmente controvertido conocer a dónde se dirigen los fondos de los partidos. De hecho, cuando es posible acceder a dicha información, «ésta suele ser parcial y en muchos casos ‘oscura’ y confusa» (Rial 2004: 60). La mayor parte del gasto de los partidos políticos en la actualidad va dirigida hacia la publicidad en los medios de comunicación. Generalmente, los partidos realizan un gasto en este tipo de actividades que oscila entre el 60% y el 80% del total del presupuesto de la campaña electoral (Griner y Arias 2007: 4). Este hecho se debe a que los medios de comunicación de masas (radio, televisión e Internet) tienen una alta penetración en todos los países de América Latina.
Toda campaña electoral comprende el conjunto de actividades que se desarrollan en un espacio de tiempo determinado con la intención de movilizar el voto. Este período destaca por su especial protección legal, al hacerse más visible los derechos y libertades de los ciudadanos en el campo de la política y el pluralismo. Por ello mismo, suele destacarse en las normativas nacionales un período de tiempo en el que puedan desarrollarse actividades de propaganda electoral. En ese período, en algunos contextos, se prohíbe la difusión de contenidos políticos proselitistas fuera de ese espacio temporal.
En países en América Latina, se observa que desde 2004 ha existido una explosión normativa que ha procurado regular el tiempo y las actividades que se pueden desarrollar los partidos políticos en una campaña. Con ello, también se ha normado la relación entre Estado, partidos políticos y medios masivos de comunicación en la región.
En la actualidad, todos los países contemplan algún tipo de referencia al límite de tiempo de la campaña electoral. En efecto, se delimitan el inicio de la misma, los días que dura, cuando finaliza el período en el que se puede hacer pública la propaganda y el modo en que deben actuar los partidos el día de las elecciones. Una tendencia general ha sido reducir la duración formal de las campañas electorales en América Latina. De hecho, el promedio se encuentra entre los 90 y 120 días, aunque hay países que sobrepasan ese límite, pues oscilan entre 170 y 180 días.
El modo en que se legislan los contenidos que pueden darse en una campaña electoral describen dos bloques de países. Por un lado, donde se da una prohibición absoluta y, por otro lado, en los que existen ciertas prohibiciones más relativa. Con ello se hace mención a las estrictas prohibiciones de utilizar espacios públicos en algunos países, así como de la total restricción de la participación de funcionarios públicos, militares y religiosos en la movilización del voto para los partidos. Igualmente, se hace alusión a la prohibición de llamar a la ciudadanía a la desobediencia civil a la ley o la de motivar la abstención de un elector.
Las actividades comprendidas dentro del financiamiento público indirecto son las derivadas de la publicidad en los medios de comunicación de masas y, en algunos países, la financiación propia de las papeletas electorales. La región se ha transformado significativamente en este sentido por el cambio de tendencia experimentado en la compra de espacios de televisión. A principios de la década de 1990 (momento en el que se comenzaban a legislar sobre los medios de comunicación y campañas electorales), se destacó que los partidos políticos podían adquirir espacios en los medios de comunicación, prácticamente sin restricciones.
En la actualidad, se ha tendido a un espacio en el que concurren varios tipos: por lo general, el público; el privado, donde sólo existe el financiamiento privado de la política, además, de aquellos países en los que el Estado solicita las tarifas a los medios meses antes de las elecciones para que éstos no puedan beneficiar o perjudicar a otros candidatos o partidos; y mixto, en aquellos países en los que se permite una subvención parcial de la publicidad.
En la mayoría de los países, los partidos políticos pueden acceder a espacios públicos y gratuitos a la televisión pública. Con las excepciones de Brasil, México y Chile, en los demás países de América Latina existe el acceso pagado a la televisión. Una tendencia importante en la región es que los partidos reciban financiamiento indirecto por parte del Estado, solamente con el objetivo de emplearlo en propaganda electoral. No obstante, la legislación electoral establece que en Brasil, Colombia y México el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación es de carácter permanente.
En esta última tendencia, se observa la manera de distribución de los tiempos o espacios en los medios de comunicación y también las condiciones que se dan para atribuir a unos partidos unas franjas de tiempo aire y a otros otras diferentes. Es decir, el criterio de elegibilidad y de cómo se obtienen los beneficios para aparecer en una buena franja horaria en los medios de comunicación también está determinado por la normativa electoral. Sin embargo, en América Latina no existe una única manera de atribuir los espacios tiempo-aire, con lo cual se establecen tres tipos de criterios que son empleados por diferentes países: equitativa, combinada y por fuerza electoral.
Referencias
Grinner, Steven y Arias, César. Medios de comunicación y partidos políticos en América Latina: una aproximación más allá de la obsesión por controlar el gasto electoral. México D.F.: Fundación Friedrich Ebert, 2007.
Rial, Juan. Financiamiento político: el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación.Griner, Steven y Zovatto, Daniel. De las normas a las buenas prácticas. San José: OEA, IDEA Internacional, 2004: 47-75.
