Director
Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales
Sitio web
Las reformas del escándalo. Gasto electoral en Chile.
En el año 2003 los principales actores políticos de la época establecieron un acuerdo político para definir, por primera vez en su vida republicana, las directrices de lo que sería una ley de gasto electoral. Para el gobierno de entonces, encabezado por el socialista Ricardo Lagos, resultaba un tema vital pues era su propia administración la que había sido objeto de serios cuestionamientos al descubrirse pagos irregulares a funcionarios públicos destinados a financiar campañas electorales.
El acuerdo de entonces favoreció con creces a la derecha política. Estableció límites al gasto electoral elevadísimos, permitió que las empresas pudiesen no solo donar a la política sino que además hacerlo reservadamente y descontando impuestos por ese hecho. El modelo distinguió a Chile del resto de la región por varios motivos: primero, se trataba de un sistema que permitía a grandes empresarios realizar cuantiosas contribuciones sin que los electores pudiesen enterarse. Teóricamente, los empresarios realizarían estas cuantiosas donaciones (de hasta US$ 400 mil) directamente a la entidad electoral, para evitar un vínculo directo entre donantes y donatarios. En la práctica, hoy sabemos que informalmente los aportes a candidaturas eran conocidas.
Desde el año 2004 y hasta la fecha observamos campañas más costosas y competitivas, un fuerte y hasta asfixiante despliegue de publicidad en las calles y muy pocas capacidades del ente regulador (el SERVEL) de controlar efectivamente los gastos electorales. Y llegamos al año 2014 cuando producto de conflictos internos en un conglomerado destaparon uno de los escándalos más relevantes que la historia política reciente de Chile haya registrado: representantes del poder legislativo se han visto envueltos en un complejo entramado de irregularidades tributarias en torno al financiamiento de campañas políticas: boletas falsas, pago de actividades que no se realizaron, vínculos entre actores políticos de izquierda quien fuera yerno de Pinochet, han sido algunas de los hechos detectados en recientes meses. El escándalo ha sido de tal magnitud que en diciembre de 2014 el gobierno de Michelle Bachelet envió un nuevo proyecto de ley para reformar la anterior legislación y estableció un Consejo Asesor Presidencial para propiciar nuevas iniciativas de ley.
El caso no sólo reveló irregularidades que están siendo investigadas por la Justicia, sino que además mostró un fuerte vínculo entre algunos grupos claves del gran empresariado y los partidos políticos en Chile. El grupo Penta mantenía un estrecho vínculo con la UDI, el grupo Luksic transversalmente con sectores de derecha y centro-izquierda, y las empresas del yerno de Pinochet, también con diversos sectores del espectro político. Dinero y política se transformaron en el tema prioritario de la agenda a resolver.
Las soluciones que ahora se discuten parecen obvias: establecer financiamiento estatal permanente para los partidos, aumentar el peso del subsidio estatal para campañas políticas, prohibir los aportes de empresas, reducir los límites permitidos para gastos de campañas, y establecer un cambio de paradigma en la que se organizan las mismas.
Por ejemplo, se han puesto en la discusión reformas concretas como el establecimiento de una franja radial para campañas electorales con el fin de propiciar el acceso más equitativo de los partidos y candidatos a espacios de avisaje, usualmente reservados a quienes tienen más recursos; se está proponiendo el limitar el espacio físico donde es posible realizar campañas, de modo de evitar que las ciudades sean “empapeladas” de propaganda con miras a una elección; se está discutiendo también fortalecer la institucionalidad electoral con el objetivo de generar mecanismos de control in situ de las campañas electorales.
De este modo, se busca conjugar el principio de equidad de competencia con el de libertad de expresión. Pero además, se busca evitar la captura de los candidatos por parte de los grandes grupos económicos. En los próximos meses veremos cómo aquellos objetivos logran conjugarse en una reforma que marcará al sistema político para las próximas décadas.
