Históricamente, la mayoría de los partidos políticos en América Latina han seleccionado a sus candidatos/as por mecanismos poco competitivos, nada transparentes y escasamente democráticos. Estas prácticas oscuras han generado (y aún generan) ante la opinión pública latinoamericana la imagen de que sus partidos son organizaciones jerárquicas, excluyentes y poco pluralistas. Durante mucho tiempo, esto no ha sido un problema, ya que los partidos que empleaban esos mecanismos poco competitivos conseguían ganar elecciones.

A partir de la década de 1990, en varios sistemas políticos latinoamericanos se iniciaron reformas orientadas a modificar el modo en que los partidos seleccionaban candidatos/as. Las reformas se hicieron en trece países, ya sea en la Constitución y/o en la legislación ordinaria, y con diferentes tipos de mecanismos de selección (convención, líder o elecciones); niveles de intervención estatal (organizadas vs. supervisadas); tipo de electorado que podía participar (abiertas a la ciudadanía vs. cerradas a los militantes), obligatoriedad de su uso (solo para algunos partidos/niveles o para todos los partidos), nivel de simultaneidad (todos los partidos el mismo día o no) y con financiación pública o no (ver  Freidenberg 2015).

Colombia (1994), Paraguay (1996), Chile (1996; 2012), Panamá (1997), Uruguay (1996; 1999), Bolivia y Venezuela (1999), Argentina (2002, 2005, 2009), Perú (2003), República Dominicana (2004), Ecuador (2008), El Salvador (2013) y México (2014) realizaron algún tipo de reformas orientadas a la manera de seleccionar las candidaturas. En algunos de esos países, los legisladores incorporaron elecciones internas bajo el principio de “una persona, un voto”, en consonancia de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa Occidental (Pennings y Hazan 2001) y con la intención de responder a una cada vez mayor demanda de democratización interna exigida por la ciudadanía, la academia y/o la cooperación internacional.

Este tipo de reformas, junto con la inclusión de las leyes de cuotas de género, fueron los cambios normativos más comunes en las legislaciones de América Latina en las últimas décadas (Freidenberg y Došek 2015; Zovatto y Orozco Henríquez 2008). Esas reformas buscaban una mayor apertura, inclusión y modernización de las organizaciones partidistas. En ese sentido, las dos principales tendencias en materia de selección de candidaturas han sido, por un lado, la de incorporar elecciones internas competitivas y, por el otro, la de incrementar la intervención del Estado en la vida interna de los partidos.  

La idea era que la celebración de internas, ya sea abiertas a la ciudadanía o cerradas a los militantes, supondrían oxígeno al interior de organizaciones políticas, generarían mayor competitividad y transparencia en los partidos y daría más chances de ganar las elecciones generales, porque la ciudadanía veía con buenos ojos estos esfuerzos de transformar la vida interna de los partidos. La experiencia comparada muestra que la realización de procesos internos no supone necesariamente ganar elecciones. De los 250 procesos de selección de candidaturas presidenciales identificados en América Latina en el período 1978-2014, 108 tuvieron algún tipo de competencia donde el electorado votó a los candidatos, ya sea en internas abiertas a todos los ciudadanos (56) o solo para los militantes (52).

#Mecanismos de Seleccion- Elecciones Ganadas

La experiencia latinoamericana ha sido rica en mostrar que las elecciones internas no garantizan el triunfo electoral, lo que desincentiva su uso por parte de los políticos (Freidenberg 2015). De los procesos realizados, sólo el 40% (22) de las elecciones internas abiertas realizadas ganaron la elección presidencial posterior; mientras que el 60% (34) restante perdió. Lo interesante es que, si bien la ciudadanía presiona para que los partidos usen elecciones internas, luego no premia a quienes realizan internas en las elecciones generales. El mecanismo que parecería tener más éxito electoral es el dedazo de un líder, abonando el argumento de algunos académicos norteamericanos como Elmer E. Schattschneider que sostienen que los partidos políticos no tienen que ser necesariamente organizaciones democráticas en su interior para poder ser exitosos en la arena electoral.

A diferencia de lo que suele creer la opinión pública, la democratización de la selección de candidaturas no genera per se mayor pluralismo al interior de las organizaciones, dado que muchos procesos competitivos reforzaron el poder de las élites dirigentes, minaron los niveles de confianza entre los contendientes y entre las facciones rivales y supusieron mayor costo para los políticos, debido a la necesidad de financiar de su bolsillo dos campañas (Freidenberg y Pomares 2014). Los procesos de selección de candidaturas tampoco garantizaron una mayor representación de las mujeres en las listas ganadoras. Las mujeres enfrentan desventajas en las primarias, porque carecen de recursos financieros, personales y políticos para movilizar votos (Hinojosa 2012; Roza et al. 2010); porque no suelen contar con redes de poder internas; porque resulta más probable que los votantes discriminen a las mujeres  e incluso puede ser que dificulten los efectos de las cuotas y sean una válvula de escape para el cumplimiento de las mismas.

Las reformas electorales orientadas a cambiar los mecanismos de selección de candidatos/as no  han tenido los mismos efectos en todos los sistemas políticos que se implementaron, lo que da  cuenta de que el contexto en el que se lleven a cabo los procesos internos importa, así como  también  las  características  del  sistema  de  partidos,  el  nivel  de  institucionalización  de  las  organizaciones  partidistas,  la  tradición  organizativa  y  la  cultura  política de los miembros de  dichas organizaciones. No existe una receta única, ni un único modelo e, incluso, un mismo procedimiento  implementado  en  contextos  diferentes  puede tener resultados distintos.

Las  elecciones  internas  son  procesos  necesarios  para  la  democratización  interna  de  los  partidos, pero sólo por celebrarlas no se lo garantiza. Muchos partidos experimentaron fuertes conflictos internos, la deslegitimación interna del proceso ante sus militantes por usarlos más como mecanismos de legitimación de las candidaturas que como instrumento competitivo de selección,  la  intromisión  de  militantes de otros partidos cuando esas elecciones son abiertas a la ciudadanía y la separación de los candidatos perdedores junto a grandes contingentes de militantes, por disconformidades con los resultados. Las experiencias de elecciones internas fallidas como la de la Izquierda Democrática en Ecuador en 1984 o las del Partido Revolucionario Institucional en México en 2005 dan cuenta de algunos de los problemas que estos procesos pueden enfrentar.

Los déficits identificados en la realización de las internas no suponen negar la relevancia de su uso como mecanismo de selección de candidaturas. Si bien no son una panacea ni resuelven todos los dilemas organizativos de los partidos, su uso requiere de una serie de reglas  y, fundamentalmente, de prácticas que faciliten su funcionamiento y que estén adaptadas a las exigencias de cada contexto. Esta preocupación es lo que ha llevado a que muchos países pensaran en incrementar la influencia del Estado en la vida interna de los partidos.

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Bajo el argumento de que los partidos reciben financiamiento público, el Estado les exige mayor competitividad, transparencia y nivel de inclusión. De ahí que procesos de selección de candidaturas como los que se realizan actualmente en Argentina, Honduras y Uruguay se hayan convertido en experiencias novedosas en la región, al exigir la realización de internas, de manera simultánea, organizadas de manera directa por el Estado, para todos los partidos y con la participación del electorado. Aún cuando no son un modelo ideal, debido al condicionamiento de las decisiones partidistas que deberían ser autónomas y sin injerencias estatales y, a pesar de que tienen algunos inconvenientes como la anticipación de los resultados o la ausencia de competitividad entre las candidaturas,  son una propuesta de buenas prácticas de reciente funcionamiento en la región.

América Latina se ha convertido en un laboratorio en materia de selección de candidatos/as en las últimas décadas. De ahí que el Proyecto de Reformas Políticas de América Latina, busque generar un espacio para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas en esta materia que sirvan para el debate y la reflexión tanto a los investigadores como a quienes tienen que diseñar y evaluar procesos de selección de candidaturas concretos.

Referencias

Freidenberg, Flavia. La reina de as reformas: las elecciones internas a las candidaturas presidenciales en América Latina. Freidenberg, Flavia y Betilde Muñoz-Pogossian (eds). Las Reformas Políticas a las Organizaciones de Partidos. México: INE, TEPJF, OEA, Instituto de Iberoamérica y SAAP, 2015.

Freidenberg, Flavia y Julia Pomares. The latin american experience suggests primary elections can be effective but not a magic recipe for party democratization. Democratic Audit UK, 2014.

Hinojosa, Magda. Selecting Women, Electing Women: Political Representation and Candidate Selection in Latin America. Philadelphia: Temple University Press, 2012.

Penning, Paul y Reuven. Y Hazan. Democratizing Candidate Selection. Causes and ConsequencesParty Politics, 2001, Vol. 7 (3): 267-275.

Roza, Vivian et al. Partidos políticos y paridad: La ecuación pendiente. Lima: IDEA Internacional, BID, 2010.

Schattschneider, Elmer Eric. Party Government: American Government in Action. New Jersey: Transaction Publishers, New Brunswick, 2009.

Zovatto, David y Jesús Orozco (coords). Reforma política y electoral en América Latina, 1978-2007. México D.F.: IDEA Internacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.


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