En las últimas décadas, la crítica ciudadana respecto al funcionamiento de los partidos políticos se ha visto acompañada por la promoción de reformas políticas orientadas a la introducción y consolidación de instrumentos que permitan a los ciudadanos competir en las elecciones sin la obligación de estar afiliados a los partidos (De la Peza 2007). Esta no es una cuestión menor, dado que desde la Tercera Ola Democrática, la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos han estado articulados en torno al funcionamiento de partidos políticos, sin los cuales resulta muy difícil la supervivencia de la democracia (Schattschneider 2009).
Esta nueva modalidad de participación ciudadana (Carbonell 2012), denominada como candidaturas independientes, ha generado extensos debates en el marco de las reformas electorales en América Latina. Aún cuando no existe consenso entre los propios partidos y en la academia respecto a los efectos que las candidaturas independientes pueden tener sobre la competencia política o la salud de la democracia (Brancati 2008), los políticos de algunos países han aceptado incorporar esta medida para ampliar los espacios de participación de los sistemas políticos.
En la actualidad, el monopolio de la presentación de las candidaturas, a través de los partidos se mantiene en algunos países para la totalidad de lo cargos de representación popular (como Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay). A diferencia de ello, un número cada vez mayor de países ha incorporado modelos mixtos de presentación de candidaturas, con nuevas modalidades de participación, quitando el monopolio a los partidos y permitiendo la participación de los independientes. Cuando se permite la presentación de candidaturas independientes, estas suelen convivir con las candidaturas partidistas (Astudillo 2015). Aún no existe ningún sistema que haya prohibido la presentación de candidaturas por parte de los partidos.
Las diferencias entre los modelos de presentación de candidaturas suelen estar en el nivel institucional donde se pueden presentar (Muñoz-Pogossian 2015), bien sea para todos los procesos de elección (Ecuador, México, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela), sólo para las elecciones presidenciales y legislativas (Chile) o sólo las legislativas (Colombia, El Salvador). Otra diferencia se encuentra en los requisitos exigidos para poder presentar una candidatura individual. Algunas veces estos requisitos son más complicados de satisfacer que los que supone una candidatura a través de un partido (Landera 2013), dificultando la ampliación del derecho al sufragio que esta medida pretende originalmente.
Hay un gran debate entre ampliación de los derechos de la ciudadanía, por una parte, y los efectos de las candidaturas independientes sobre las organizaciones partidistas y la competencia intrapartidista. Los argumentos a favor de la presentación de candidaturas independientes son: a) la necesidad de generar mayor credibilidad del sistema político (Muñoz-Pogossian 2015; González Oropeza 2010); b) la de contribuir a mejorar la calidad de la representación política y ampliar los espacios de participación de la ciudadanía (Brancati 2008); c) la de garantizar el ejercicio del derecho a ser electo/electa (Muñoz-Pogossian 2015; Astudillo 2015); d) la de mejorar la democracia porque genera legislación nueva e innovadora (Brancati 2008) y e) la reducción de incentivos y oportunidades para la corrupción en la política.
Entre los argumentos en contra a la introducción de esta medida, se sostiene que las candidaturas independientes suponen quitar el monopolio de la presentación de las candidaturas a los partidos políticos, implican un desafío para la competencia electoral, exigen medir en qué medida esos individuos cuentan con apoyo y son representativos de otros ciudadanos (De la Peza 2007) e influye en la calidad de la representación democrática (Muñoz-Pogossian 2015). Las candidaturas independientes buscan habilitar e incluso reivindicar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Con esta herramienta se pretende dar respuesta a dos retos de la democracia en la región, vinculados entre sí y el desencanto del electorado con la clase política, y la necesidad de los ciudadanos de una mayor representación (Muñoz-Pogossian 2015) .
En el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se pretende contribuir a la discusión y en la profundización del conocimiento sobre los efectos de las candidaturas independientes en la región.
Referencias
Astudillo, Cesar. 2015. La postulación de candidaturas partidistas e independientes en América Latina en el contexto de los derechos de participación política. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Brancati, Dawn. 2008. Winning Alone: The Electoral Fate of Independent Candidates Worldwide. Journal of Politics, Vol. 70 (3): 648-662.
Carbonell, Miguel. 2012. Participación y candidaturas independientes. Revista Mexicana de Derecho Electoral, Núm. 1: 213-224.
De la Peza, José Luis. 2007. Candidaturas independientes. En Nohlen, Dieter et. al. Eds. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina (2º Ed.). México DF: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 613-623.
González Oropeza, Manuel. 2010. Candidaturas independientes. Sufragio, Núm. 4: 43-58.
Landera, Federico. 2013. Las candidaturas independientes. Quid Iuris, Vol. 21: 75-98.
Muñoz-Pogossian, Betilde. 2015. Las candidaturas independientes en América Latina: repasando las reformas, sus ventajas y los retos pendientes. Salamanca: OEA.
Schattschneider, Elmer Eric. 2009. Party Government: American Government in Action. New Jersey: Transaction Publishers, New Brunswick.
