En la mayoría de los países de América Latina se ha buscado consolidar sistemas electorales que garanticen elecciones limpias, libres y competitivas, con las cuales se elijan periódicamente a las personas que ocuparán los cargos de representación. Al mismo tiempo, se ha promovido la garantía de un “piso parejo” en las contiendas electorales, con el fin de que múltiples opciones partidistas compitan por un cargo de representación popular así como también que diversos grupos subrepresentados –como mujeres, indígenas, personas de la diversidad sexual- puedan competir en dichas elecciones en igualdad de condiciones.
Junto a esos cambios, los delitos y las malas prácticas acompañan de manera recurrente a las elecciones en la región latinoamericana. Los delitos que más se dan son aquellos vinculados con la manipulación de las reglas electorales o la implementación de artimañas para darle la vuelta a los entramados legales. Con ello se afecta la integridad electoral y la realización de elecciones con base en los principios de libertad, imparcialidad y equidad política.
Aunque podría pensarse que delito electoral y mala práctica son sinónimos, esto no es correcto. Méndez de Hoyos (2017) señala que la falta de consenso al precisar qué se entiende por mala práctica y fraude electoral promueve cierta confusión conceptual, dado que indistintamente se utilizan términos como “corrupción”, “manipulación”, “conductas fraudulentas”, “patronazgo”, “clientelismo”, entre otros, para calificar las fallas en el debido proceso electoral, asumiendo que son todas las mismas malas prácticas y desconociendo las diferencias entre ellas.
Los delitos electorales son “aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, así como la equidad en la contienda” (Fernández et al. 2017: 238). Birch (2011) indica que las malas prácticas electorales consisten en la manipulación de los procesos y resultados con el fin de sustituir el interés público por el beneficio personal o partidista.
Tanto los delitos, como las malas prácticas, pueden conducir a que las reglas electorales se conviertan en un instrumento de control político, con el objetivo de favorecer a un grupo en particular y alterar las condiciones de la competencia mediante: a) el uso dispar de recursos; b) el acceso diferenciado a medios; o c) una impartición sesgada de las leyes electorales. Lo anterior requiere de un análisis comparado exhaustivo que vaya más allá de la integridad electoral y revise en profundidad el fenómeno de la manipulación de las leyes electorales en América Latina.
En cuanto a la regulación de los delitos electorales en América Latina, la mayoría de los países los recogen en legislaciones especiales, es decir, leyes y códigos electorales que regulan de manera específica toda la materia electoral. Además, suelen clasificarse según su tipo penal, ya sea por el sujeto activo que los comete (personas en la función pública, partidos políticos, individuos particulares, fedatarias públicas, ex altos funcionarios electorales, diputados y senadores, ministros de culto, así como administradores y/o liquidadores de partidos) o por la materia o clase de delito (obstaculización del proceso electoral, falsedades, fraude electoral, abandono de funciones, propaganda ilegal, sobornos, coacciones, desórdenes públicos, calumnias e injurias, sustracciones, así como financiamiento ilícito y fiscalización).
La comprensión e identificación de los delitos electorales implica conocer sus sanciones (penas privativas de libertad, penas privativas de derechos y penas pecuniarias) así como el papel de las fiscalías electorales que son “instancia especializada en la procuración- de justicia penal en materia electoral.” (Fernández et al. 2017: 247)
Los estudios empíricos sobre malas prácticas, asociados con la compra y coacción del voto, muestran la complejidad que existe para establecer con precisión si dichas violaciones son determinantes en los resultados de los comicios y en qué medida afectan la integridad del ciclo electoral. A pesar de que estas prácticas se han extendido en los procesos políticos de la mayoría de los países, existen escasos esfuerzos que analicen de manera comparada las tipificaciones y las sanciones asociadas a estas irregularidades en las leyes electorales de los países de la región (Fernández y Martínez, 2007).
Algunos de los estudios a nivel América Latina los encontramos en Méndez (2017) y Schaffer y Baker (2015). Estudios de países en solitario de la región latinoamericana los encontramos en el caso de Argentina en Vomaro y Combes (2017), Chile con Bazoret (2020), El Salvador con Gónzalez-Ocantos et al. (2018) y en el caso de México Beltrán y Castro (2019); Castañeda (2011) y Vommaro et al (2017).
Estos temas son el inicio de esta agenda de investigación que abona a los estudios de la integridad electoral y la calidad de las elecciones desde el #ObservatorioREFPOL. Esta nueva dimensión que se incorpora a la agenda de investigación comparada se concentrará además en el estudio de las malas prácticas durante los ciclos electorales en América Latina.
Referencias
Barozet, Emmanuelle. ¿’Malas prácticas’ o ‘aceitar la máquina’? Los partidos políticos chilenos frente a las reformas institucionales anticorrupción (2016-2019). XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), en Guadalajara, 12 a 16 de mayo del 2020.
Beltrán, Ulises y Rodrigo Castro Cornejo. “La activación clientelar del electorado en México entre compra de votos y comunicación política”. Política y gobierno. 2019. Vol. 26: 171-204.
Birch Sarah. Electoral Malpractice. Oxford: University Press. 2011
Castañeda, Gonzalo. “La ley de Benford y su aplicabilidad en el análisis forense de resultados electorales”. Política y gobierno. 2011. Vol. 18 (2): 297-329. (México)
Fernández, Francisco, Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Santiago Nieto Castillo. Delitos Electorales. En Instituto Interamericano de Derechos Humanos-CAPEL. Diccionario Electoral. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos-CAPEL. 2017: 238-247.
Fernández, Francisco y José Martínez. Delitos y Faltas electorales. En Nohlen, Dieter, Daniel Zovatto, Jesús Orozco y José Thompson (eds.). Tratado de derecho electoral comparad en América Latina. México, Fondo de Cultura Económica. 2007: 1020-1071.
González-Ocantos, Ezequiel, Chad Kiewiet de Jonge y Covadonga Meseguer. Remittances and Vote Buying. Latin American Research Review. 2018. Vol. 53 (4): 689–707.
Méndez de Hoyos, Irma. La manipulación del marco legal de las elecciones en América Latina entre 2000 y 2012: una aproximación metodológica. Foro Internacional. 2017. Vol. 57 (3): 640-685.
Schaffer, Joby y Andy Baker. 2015. Clientelism as Persuasion-Buying: Evidence From Latin America. Comparative Political Studies, vol. 48 (9): 1093-1126.
Vommaro, Gabriel y Hélène Combes. 2017. El clientelismo político: Desde 1950 hasta nuestros días. Argentina: Editorial Siglo XXI.
